Guatemala. Secuelas en mujeres violentadas

Alba Trejo

Síndrome de Estocolmo doméstico, conductas compulsivas, vergüenza y congelamiento emocional son, entre otras, las secuelas psicológicas que los expertos han detectado en las guatemaltecas víctimas de la violencia intrafamiliar.

Tras un largo historial de agresiones, los psicólogos reconstruyeron la historia personal de al menos 250 mujeres agredidas y detectaron en ellas unas 30 formas de comportamiento negativo en su personalidad, entre estas, la autoestima negativa, la necesidad de controlar la conducta de otras personas, profundos sentimientos de incapacidad o dificultad de adaptación.

Las conductas de las atacadas fueron identificadas por el grupo de expertos de la gubernamental Fundación de Sobrevivientes de Guatemala, que analizaron a las mujeres que van hasta ese lugar para recibir ayuda, tras haber vivido en un hogar donde predominaban los golpes, las violaciones sexuales y las agresiones verbales.

Esta institución, que también apoya a las familias de las víctimas del feminicidio, es dirigida por Norma Cruz, quien indicó a SEMlac que la lista de secuelas se determinó tras un año de acercamiento a las agredidas, debido a que la gran mayoría repetía patrones similares de conducta.

Cruz comenta, además, que esas marcas psicológicas se encuentran, también, en las y los niños que han presenciado violencia intrafamiliar o el momento en que su madre era asesinada por su propio padre y ellos intentaron ayudarla.

En Guatemala, la situación de violencia intrafamiliar es un asunto grave. Por ejemplo, la Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público advierte que a ese lugar acuden, al menos, 15 mil mujeres al año a denunciar que sufren de violencia doméstica, mientras que la Procuraduría de los Derechos Humanos reporta al menos 3 mil 583 niños y niñas maltratados dentro de sus hogares.

Esa cifra es pequeña, sin embargo, si se toma en cuenta que existe un subregistro debido a la cultura patriarcal que predomina en esta sociedad, indica Hilda Morales, del Grupo Guatemalteco de Mujeres.

Las guatemaltecas violentadas en sus propios hogares sufren incluso irritabilidad constante y depresión. El problema se agrava porque, cada vez, el número de mujeres lastimadas aumenta, señala Norma Cruz.

Un estudio sobre el perfil de la víctima de asesinato realizado por la Fundación de Sobrevivientes de Guatemala, que igualmente se acerca al agresor, concluye que en las guatemaltecas predomina el Síndrome de violencia doméstica. Las víctimas se autoculpan, guardan silencio sobre el maltrato, justifican cualquier golpe racionalizando los motivos de su agresor y apelando al vínculo afectivo que les queda.

Eso las puede llevar, incluso, a la muerte, porque ya ni se defienden del agresor, indica el documento.

El congelamiento emocional detectado en las mujeres violentadas de este país es otra de las conductas que prevalece en el comportamiento de las agredidas por sus parejas.

Cruz dijo a SEMlac que cada víctima recibe un promedio de 15 a 24 terapias psicológicas y la gran mayoría logra incorporarse a la vida normal después de haberse sometido a esos tratamientos.

Cristina Azurdia, del ministerio de Gobernación, señala que de 183 casos de muerte de mujeres con extrema violencia, 82 por ciento tenía un historial de violencia intrafamiliar y 10 por ciento ha sido asesinada por sus ex parejas o cónyuges.

Incluso -añade- no existe un sólo departamento, de los 22 que conforman el país, en donde no se registre muerte de mujeres; y advierte que el arma de fuego es el medio final que el agresor utiliza, después de golpear y violentar a su víctima, para asegurarse de dejarla muerta.

La Red de la No Violencia contra la Mujer reporta que ya suman 3 mil 500 las asesinadas brutalmente de 2000 a 2007. Carlos Castresana, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), advierte que esta nación ocupa el tercer lugar en asesinatos de mujeres en el mundo —precedido por México y El Salvador— y que la impunidad con la que se cometen esos crímenes alcanza el 98 por ciento.

Según el jefe de la CICIG, se ha conseguido resolver el dos por ciento de los casos de crímenes contra mujeres de las casi 2 mil víctimas registradas entre 2005 y 2007, lo que le hace pensar que se trata de niveles epidémicos contra ellas, sólo por el hecho de ser mujeres.

Las estadísticas reflejan que los actos cometidos por violencia intrafamiliar se logran resolver en menor medida, aunque se trate de un crimen anunciado, pero los casos donde los sindicados no pertenecen al entorno familiar están en la completa impunidad.
La ley contra el feminicidio, implementada en abril de 2008, castiga con penas severas e irrefutables el asesinato de mujeres y la violencia física, sexual y sicológica. En el caso de asesinato, con prisión de 25 a 50 años al agresor, y por las diferentes formas de violencia, con cárcel de cinco a 12 años.

En Guatemala, las mujeres constituyen el 51 por ciento de los 14 millones de habitantes; sin embargo, han estado excluidas históricamente de los beneficios del desarrollo, particularmente las residentes en el área rural.

Fuente:  www.mujereshoy.com

CONCENTRACION POR EL DIA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER!

Dia: 25 de Noviembre de 2010
Hora: 10:00hrs
Lugar: Plaza de Ciudad Vieja Sac

Organizan LAS  ENREDADAS!

TODAS Y TODOS BIENVENIDAS Y BIENVENIDOS!!!

Mujeres Empoderadas

Por Elsa Lever M.

En algún lugar dentro de nuestra mente, incluso de nuestro corazón, habita otra versión de nosotras mismas, ¿lo has pensado? Una versión de mujeres más felices, seguras, decididas, maduras, activas, voluntariosas, empáticas, asertivas, triunfadoras, informadas, instruidas, independientes económicamente, líderes... es decir, empoderadas. Las mujeres empoderadas son aquellas que han tomado el mando de su propia vida. ¿Eres así, o te has imaginado así?

Empoderarnos es aumentar nuestro poder y tomar control sobre las decisiones y problemáticas que determinan nuestra vida. Este poder que menciono está directamente relacionado con la categoría de género, con la equidad e igualdad de la mujer y del hombre en cuanto al acceso a los recursos y oportunidades. No se trata de un poder-dominación (estamos hartas de él), sino de un poder-hacer, de un poder-desde dentro. El poder al que me refiero no es dominación, porque ésta sin duda está relacionada con la violencia.

Además te quiero decir que ese poder no tienes que buscarlo por todos lados, simplemente porque ya lo llevas dentro de ti. Sí, así es. Es parte de tu ser, es intrínseco a tu existencia. ¿Por qué rechazarlo, huirle, temerle? ¿Por qué negar que se desea el poder, ese poder de ser quienes queremos ser, ese poder de hacer que nuestro mundo sea diferente, y que esa diferencia signifique avance, evolución, mejoría?

A ese poder podemos llamarle también autoestima. Pero no te vayas con la idea equivocada de ésta. No significa quebrar tu tarjeta de crédito vaciando tiendas de ropa, perfumes y zapatos; ni estar cinco horas en un salón de belleza cada tercer día creyendo que la cantidad de dinero que gastes es la medida de tu autoestima.

La especialista en políticas en género y participación, Joanna Rowlands incorpora al concepto de empoderamiento un modelo a partir de las dinámicas de poder de género. Ella habilita las cuatro clases de poder de Lukes: poder sobre, que es la habilidad para que una persona o un grupo haga algo en contra de sus deseos, esta es la concepción negativa donde alguien gana y otro pierde. El segundo es un poder para, que es el poder implementado para estimular las actividades de otros; poder con, que es un poder sumatorio de poderes individuales; y poder desde dentro, que es aquel que está en cada persona.

A partir de los argumentos anteriores ella deduce que el empoderamiento puede ser modificado en tres dimensiones: la dimensión personal, que consiste en desarrollar el sentido del ser, la confianza y las capacidades individuales; la dimensión de las relaciones cercanas, para desarrollar la habilidad para negociar e influenciar la naturaleza de las relaciones del ámbito cotidiano; y, por último, la dimensión colectiva, donde se trabaja en conjunto con otras y otros para lograr un mayor impacto y cambios significativos.

El empoderamiento de este modo -dice- tiene que ser más que la simple apertura al acceso para la toma de decisiones, pues debe incluir también procesos que permitan a las mujeres -de manera individual o en grupo- tener la capacidad de percibirse a sí mismas como aptas para ocupar los espacios de toma de decisiones y de usar dichos espacios de manera efectiva. Por eso no le temas al poder, al proceso de empoderarte; de apoderarte, apropiarte de ti misma y tu vida. Sé una mujer con voluntad. La voluntad es el poder de decir ”yo quiero”, “yo decido”.

Tienes que fortalecer tus dimensiones de las relaciones cercanas para poder además llegar a la dimensión colectiva, necesaria en la conquista de nuestros derechos; incrementar la propia autoconfianza en la vida e influir en la dirección del cambio. Cuando te empoderes, cuando cada una lo logre, podremos crear poderes no dominantes a través de la transformación de las relaciones sociales. Pero sin duda, tienes que comenzar por trabajar en tu dimensión personal, en la confianza y tus capacidades individuales; en tu autosuficiencia económica, en tu crecimiento intelectual; en tu poder intrínseco de ser y hacer... ¡Empodérate!


Fuente: www.ovariofuerte.com

El "postmachismo" se revuelve

 Ha llegado a la calle el eco del debate político y mediático sobre si se está yendo demasiado lejos en la lucha por la igualdad en nuestro país. Las mujeres van avanzando poco a poco en el logro de sus derechos; ellos, algunos, se sienten intimidados, en ciertos casos incluso amenazados.

 De cualquier forma, hay que mirar con optimismo y perspectiva el futuro, el logro de la igualdad, del mismo modo que cualquier otra lucha liberadora –por los derechos laborales, contra la segregación racial, contra el colonialismo y la arbitrariedad– conlleva dolor y sufrimiento. Es el precio que hay y que habrá que pagar; no hay que olvidar que el de las mujeres es el más sangriento.

Antes de finalizar el siglo XX sólo se conocían dos posiciones respecto a la violencia de género. Una era la de quienes la habían definido y conceptualizado, como Kate Millett, sin cuya tesis doctoral, escrita en 1963 y que recogía la frase “lo personal es político”, muy probablemente hoy, en nuestro país, no nos encontraríamos a la vanguardia en la lucha por la igualdad con leyes que son referencia en más de 52 países. Antes de 1997, sólo las organizaciones feministas y de mujeres enfocaron el problema y empezaron a darle solución. Seguían la estela de las radicales de Boston, que abrieron la primera casa de acogida hace 37 años: hoy nadie se sorprende cuando ve que son las instituciones, sin distinción de partidos, las que subvencionan los cientos de casas de acogida para mujeres maltratadas que hay en España. La segunda posición frente a la violencia de género era la del resto de la sociedad, incluidas las propias mujeres maltratadas, que no sabía del fenómeno porque aún no se había nombrado públicamente; por eso, incluso durante los primeros 20 años de democracia, los poderes públicos se desentendieron de todas las mujeres que sufrían violencia por parte de hombres protegidos por las leyes existentes, diseñadas con arreglo a las ideas, intereses y necesidades masculinas.

Pero el mito cayó y debemos felicitarnos porque se esté visibilizando la desigualdad, la discriminación y las relaciones de poder que ejercen muchos hombres contra sus compañeras. Ante esta realidad, la sociedad tiene que tomar posición respecto a este problema. Por una parte, sigue vigente el estado de alerta de las asociaciones de mujeres, a quienes acompañan las instituciones, conscientes de la gravedad del problema y de la necesidad de intervenir para paliar los efectos de la violencia masculina y prevenirla (en este sentido, la educación y los medios de comunicación son fundamentales) con el objetivo de desactivarla en el menor plazo posible, que muy probablemente será, por su carácter estructural, más a largo que a corto plazo.

El resto de la sociedad, incluso sectores preparados e informados, ha sufrido una gran convulsión al detectar que algo que afecta a las mujeres pueda concitar tanto interés en las agendas mediática y política, siendo, además, ese algo un asunto en el que está comprometido el buen nombre de tantos hombres que hasta ahora eran considerados buenos por el solo hecho de ser hombres.

La visibilización del maltrato masculino ha caído sobre la mayoría de las mujeres que se acercan al problema como una realidad incuestionable. La gran mayoría, muchas veces conocedora de relatos hasta entonces inconfesables, se sitúa al lado de las mujeres y manifiesta el desprecio por los delincuentes. No se puede negar que el rechazo a este delito ha trascendido, entre muchas mujeres, las diferencias de partido. También en este grupo se encuentran muchos profesionales que, de una u otra forma, se han interesado o involucrado en la resolución de este problema y empiezan a ser conscientes de los efectos perversos del control y dominio masculinos.

Pero hay una parte no desdeñable de hombres, significativa porque se hacen oír a golpe de artículos y piezas en los medios y a través de comentarios virtuales, hostiles e insultantes contra las mujeres, que se están moviendo para entorpecer el proceso. Entre ellos se encuentran maltratadores todavía no descubiertos (recordemos los dos millones aún no denunciados); personajes que después de un primer momento de estupor, cuando no daban crédito a lo que veían y oían (se empezó a hablar de mujeres maltratadas cuando muchos de ellos las venían sometiendo con total impunidad y naturalidad desde hacía décadas) se han visto obligados a diseñar otro tipo de estrategia más eficaz que la burda negación del problema. Son quienes han diseñado la ofensiva del “sí, pero no”. Admiten que hay bárbaros machistas, abusadores viles, que merecen un castigo (ya no es posible, al menos en España, negar los daños más cruentos), pero reducen tanto las cifras, que se trataría, según ellos, de un problema menor, “de una violencia más, como otras muchas; ni más ni menos”. Dicen defender a esas “pocas” mujeres que, por culpa de las medidas actuales, no pueden ser protegidas por la cantidad de recursos distraídos hacia las que, dicen ellos, fingiendo y poniendo denuncias falsas, acaparan los medios disponibles. Es un sector minoritario pero cada vez más presente, cuyo objetivo consiste en desactivar y entorpecer el camino de la igualdad en el que muchas mujeres y cada vez más hombres, se están involucrado.

No estamos yendo demasiado lejos; sólo los delincuentes que utilizan la violencia van demasiado lejos. Hay hombres que entienden y defienden la lucha de las mujeres. Ojalá sigan confiando en la justicia de sus reivindicaciones. Y que las manifestaciones que empiezan a verse de postmachismo no pasen de ser una excepción.

Fuente:  http://www.observatorioviolencia.org/opiniones.php?page=1&id=125

Alda Facio, jurista y experta en temas de género y derechos humanos: “No alcanza con un sistema de cupo”

Mariana Carbajal / Página 12 Al hacer un balance de las tres décadas de la Convención de la ONU contra la discriminación de la mujer, la jurista costarricense advierte sobre la “discriminación indirecta” hacia las mujeres, que persiste en las sociedades latinoamericanas. Lo que se logró; lo que falta hacer. Es imposible no fijar la vista en sus anteojos: tienen marco turquesa y patillas verde fluorescente. El cabello corto y gris plata, a fuerza de canas que no pretende disimular, es otro de sus sellos distintivos. Está claro que la jurista costarricense Alda Facio busca romper con los estereotipos de género. Y predica con el ejemplo. Pero tiene otras singularidades: es una de las mayores expertas en temas de género y derechos humanos de las mujeres a nivel regional e internacional, y conjuga una extensa trayectoria en el campo de la academia y del activismo en el movimiento de mujeres latinoamericano. En una entrevista con Página/12, Facio advirtió que aunque en los libros de texto escolares se hayan ido eliminando los roles estereotipados de mujeres y varones, todavía “en las cabezas de las maestras se siguen repitiendo”. Señaló que los medios de comunicación tendrían que “autocensurarse” y dejar de difundir “publicidades sexistas” y consideró que los diarios que incluyen avisos de prostitución “están favoreciendo a los explotadores sexuales y abusadores sexuales”. Además, hizo un balance de la aplicación en la región de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, conocida por su sigla en inglés, Cedaw, de la que se acaban de cumplir tres décadas desde su adopción. Facio es directora del Programa Mujer, Justicia y Género del Instituto Latinoamericano de la ONU para la Prevención del Delito (Ilanud), con sede en Costa Rica. Estuvo de visita en Buenos Aires, para participar del seminario “América Latina y El Caribe celebra los 30 años de la Cedaw”, que tuvo lugar en el Palacio San Martín, convocado por analizar los avances y desafíos en torno del tratado internacional más importante en materia de igualdad entre los géneros. Del encuentro participaron algunas de las más destacadas especialistas en la temática de la región (ver aparte). –¿Qué balance hace de los 30 años de la Cedaw? –Estamos avanzando muchísimo en la comprensión de lo que es la discriminación hacia las mujeres. Antiguamente se pensaba sólo en la discriminación directa: cuando las mujeres no podían estudiar tal carrera o no podían trabajar en determinado ámbito. En nuestra región no hay discriminación directa, prohibiciones concretas. Pero hemos visto que aun quitando las legislaciones y las políticas que imponen ese tipo de discriminación hacia las mujeres, persiste la discriminación indirecta, que es debida a la histórica desigualdad entre hombres y mujeres y a que los estándares en las políticas y leyes siguen siendo masculinos. –¿Cómo se manifiesta? –En la mayoría de los países estaba penalizado el adulterio para las mujeres, pero en el caso de los hombres, tenían que cometer concubinato escandaloso, tener una casa con una amante, pero no se castigaba el acto sexual en sí fuera del matrimonio. Ese tratamiento diferencial se eliminó. Pero los jueces y juezas interpretan en forma diferente el adulterio según quién lo cometió: en el caso de los hombres, se mantiene la idea de concubinato escandaloso; en cambio, si es una mujer, se considera que lo realizó con sólo pruebas circunstanciales. Otro ejemplo es la participación política: las mujeres tienen que hacer esfuerzos mucho más grandes para llegar a los mismos puestos y, una vez que llegan, se encuentran con que los hombres hacen arreglos políticos en los bares, jugando al golf, fuera del área del Congreso. Las mujeres, aunque tengan una empleada en su casa, tienen que administrar el hogar: se ha visto que las mujeres que están en cargos políticos no tienen la misma facilidad para ejercerlos que los hombres. –¿Cómo se puede cambiar esa lógica? –No se pueden lograr cambios con modificaciones compartimentadas. No alcanza con un sistema de cupo o cuotas para las mujeres. Si no se cambian los roles y los estereotipos en la educación, y esta división sexual del trabajo dentro del hogar, entonces la participación política de las mujeres tampoco se va a dar en igualdad de condiciones. La Cedaw habla de eso: en su artículo 5º la Convención obliga a los Estados a cambiar esos estereotipos, es decir, la idea que tienen las personas de lo que es correcto para un hombre y adecuado para una mujer. Y eso es lo que los Estados no han hecho todavía. En algunos se han cambiado los libros de texto con los que aprenden a leer los niños y niñas, en los que se mostraba al papá leyendo el periódico y a la mamá preparando tortillas. Ese tipo de roles tan divididos y diferentes se han ido eliminando de los libros de texto, pero en las cabezas de las maestras se siguen repitiendo. Entonces hay que redoblar esfuerzos. Los medios de comunicación contribuyen muchísimo al mantenimiento de esos estereotipos. –¿Cómo podrían los medios de comunicación contribuir en la lucha contra la discriminación hacia las mujeres? –Los medios de comunicación podrían autocensurarse y no tener una publicidad tan sexista como la que hay ahora. Creo que ha repuntado aún más la idea de usar una mujer para vender una batería de un auto, una computadora o cualquier objeto. –La mayoría de los diarios ganan importantes sumas de dinero con avisos de servicios sexuales que encubren situaciones de trata de mujeres para explotación sexual e incluso de abuso sexual de menores de edad... –Es un mal entendimiento de lo que son la libertad de expresión y de prensa, que son muy importantes. No estoy promoviendo la censura. Pero la libertad de prensa tiene que ir acompañada de la responsabilidad de informar correctamente, sin parcializarse a favor de un grupo. En el caso de los avisos de servicios sexuales simplemente favorecen a los explotadores y abusadores. –¿Cuáles son los desafíos pendientes en cuanto al cumplimiento y la aplicación de la Cedaw? –Uno de los restantes es que todavía falta más comprensión por parte de funcionarios y funcionarias, como de la sociedad civil, de lo que significa la igualdad y cómo sí se puede vivir en igualdad. Porque la gente muchas veces tiene miedo y cree que la igualdad significa tratar a las mujeres como si fueran hombres, y no se dan cuenta de que están partiendo de un estándar masculino. Si para tener libertad de tránsito tengo que comportarme como hombre, eso no es igualdad, eso es discriminación. Si yo tengo que cambiar mi esencia, mi forma de ser, para gozar de algún derecho, eso es discriminación. La eliminación de la discriminación exige trato diferente para personas que están en posiciones diferentes. Hay que entender que no importa tanto el trato, sino cuál es el resultado de ese trato, de esa ley, de esa política. Si una ley de cupo tiene como resultado que haya más mujeres en los puestos de decisión política, entonces es una buena política. Si no hubo cambios, hay que repensarla. Hay que entender la igualdad pensando que se trata de igualdad en el goce de los derechos. –¿Cambió el concepto de igualdad desde que se pensó la Cedaw hasta la actualidad? –Sí, mucho. Cuando comenzó a funcionar el Comité de la Cedaw se decía que la mujer con más educación, con más fortaleza podía llegar a gozar de todos los derechos. Se hablaba del avance de las mujeres. Ya usar esa palabra, avance, le está diciendo que usted es la que está retrasada y tiene que avanzar. Ahora, en cambio, se señala que los Estados tienen una responsabilidad en buscar eliminar todas aquellas formas de discriminación que persisten y también tomar medidas para moverse en la dirección de la igualdad. –¿Cuáles son los delitos que afectan en mayor medida a las mujeres en la región? –Todos los que tienen que ver con la violencia sexual, que van desde la violación hasta los piropos en la calle. –¿Los piropos? –Son una forma de hostigamiento sexual que se vende más bien como si fuera algo bonito y bueno para las mujeres, pero que en realidad no deja caminar libremente: usted va pensando en su trabajo y un hombre pasa diciéndole piropos y la perturba y la saca de lo que tiene que hacer. Es una forma de agredir. –¿Aunque el piropo sea lindo? –Claro. Si les dijéramos frases bonitas a ellos no les gustaría. Casi siempre cuando una acción es unidireccional, no es buena para las mujeres. Por otra parte, estamos viendo mucha violencia física y psicológica de parte de hombres hacia sus parejas, en el matrimonio, en los noviazgos, posmatrimonio. También muchos femicidios. En Guatemala las cifras son altísimas. Hay muchas mujeres que son violadas, torturadas y asesinadas por ser mujeres. La violencia contra las mujeres tiene generalmente un grado de ensañamiento erótico, por llamarlo de alguna forma. La trata y el tráfico de mujeres están aumentando muchísimo. Es un problema que difícilmente puede solucionarlo un Estado en forma aislada. Debe enfrentarse a nivel internacional. Fuente:  www.insurrectasypunto.org

Equidad de Género: más allá de la ley

La concepción patriarcal dura prevaleció por mucho tiempo en el mundo, y esto ha quedado patente no sólo en los distintos instrumentos jurídicos, sino en la literatura, la política, la economía y en la divergencia entre los valores éticos de los hombres y las mujeres. Pero luego de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del estruendo que el feminismo hizo en la sociedad occidental en la década de los 60’ nadie es capaz, al menos discursivamente, de afirmar que los DD.HH excluyan a las mujeres, ni que las mujeres no son una minoría.

Meier, H. (2006: 125) señala que “un valor estaría tanto más fundado cuanto más compartido fuere”, y la experiencia indica que la igualdad de género ha calado insuficientemente en nuestro mundo contemporáneo si no, no se consideraría a la mujer como minoría, ni harían falta leyes que protegieran su dignidad. En este sentido, por una parte, tenemos el reconocimiento discursivo de la igualdad de género y, por otra, la persistencia de la sociedad fundamentada en el papel del hombre (género masculino). Hablamos, entonces, de una sociedad post-patriarcal que reconoce la necesidad del cambio, pero de facto aún no ha cambiado.

Gary Minda (1995: 138) nos relata la visión de Catherine MacKinnon de la siguiente forma:
MacKinnon considera que la neutralidad de género es, pues, simplemente la norma masculina, y la regla de la “protección especial” no es más que estándar femenino, pero no nos debemos engañar: la masculinidad, o el machismo, es la referencia para ambos. Asimismo (MacKinnon) considera el género como una cuestión de poder, "específicamente de la supremacía masculina y la subordinación femenina", y el abuso sexual es el "producto de la subordinación de la mujer sociedad”

Las consecuencias de esta realidad universal son estremecedoras, y están profundamente arraigadas en todas las esferas de poder; desde la intimidad del hogar hasta el espacio público. No en vano las feministas terminaron aseverando que los problemas de violencia en casa son asuntos públicos. El machismo – producto de la sociedad patriarcal y presente en la sociedad post-patriarcal- ha causado mucho sufrimiento innecesario e injustificable. La Mujer A relata “Y me tardé tanto también [en denunciar la violencia] primero por cuestiones culturales, por la manera como nos crían a muchas de las personas aquí en Venezuela” (Informe de AI, 2008b: 29)

El término patriarcado, el cual debe ser entendido como la supremacía masculina institucionalizada, es una de las razones de mayor peso para el desconocimiento de la igualdad de género, básicamente porque en la mayoría de los países del mundo el derecho de voto de la mujer es posterior al del hombre, y eso es admitido como algo “normal”, que no suscita ningún cuestionamiento, ni es motivo de vergüenza. Así mismo aún hay países donde las mujeres no tienen derecho al voto y, en Suramérica, países como Perú, Paraguay o Brasil lo concedieron años después de la Declaración de los Universal de los Derechos Humanos. Muchos no entendieron que la mujer entraba entre los apoderados por los DD.HH.

Como señala Staff, M. en su artículo Mujer y Derechos:

El hecho es que la gran mayoría de las legislaciones internas e internacionales, convenios, acuerdos y tratados; en la actuación de los Estados-Parte comprometidos con los documentos sobre la igualdad que firmaron y ratificaron e inclusive, en la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos; en la actuación de los diversos grupos no gubernamentales que trabajan en pro de los derechos humanos, se puede constatar que las cuestiones específicas de las mujeres reciben tratamiento secundario y marginal, por cuanto los mismos sólo tienen como referencia a una parte de la humanidad: el sexo masculino, que es considerado como el paradigma de lo humano.

Así también señala en Minda, G (1995:139) cuando se habla de que las feministas liberales y culturales argumentan que la visión que prevalece en el concepto legal de ley está basado en la perspectiva masculina que falla en reconocer la “voz femenina”, concebida como la formas en que las mujeres se acercan a los temas de la moral y lo legal. En la Declaración de los Derechos Humanos, recibida por un mundo todavía estremecido por los acontecimientos de la II Guerra Mundial y el horror nazi, se tomó el término genérico "hombre", que, como señala Staff, M “aún cuando incluye a la mujer, no la refleja”, porque básicamente no se tomó en cuenta la condición de especial minusvalía de la mujer por legado cultural e histórico y, además, por las diferencias propias del género. Minda, G. (1995: 138) nos dice:
(…) las feministas radicales hacen hincapié en la diferencia entre hombres y mujeres. La diferencia más importante es que las mujeres son "aquellas de quienes se toma el sexo", así como "trabajador, en definición, son aquellos de quienes se toman el trabajo" Una descripción más explícita, hecha por feministas radicales, es que "las mujeres son cogidas y los hombres cogen".

Bien es cierto que en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993, se señaló que "los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales"; y que este señalamiento constituye uno de los avances más importantes en el sentido de la igualdad de género. Pero también es importante resaltar que esa igualdad debe comportar el reconocimiento de las diferencias biológicas entre los sexos y las condiciones especiales que, como mujeres, es necesario que sean protegidas. Evidentemente no significa esto que éstas se traduzcan en desigualdades en el plano social, jurídico, político, económico o cultural, sino por el contrario; que sean reconocidas y que se procure la igualdad (en la diferencia) a través de la ley -y en la educación- para la contribución y la armonía en sociedad.

El problema real, duro de asumir, es que la ley no tiene el efecto moralizante que tanto deseamos. Su impacto es lento en la modelación de conductas sociales, y no responde a necesidades inmediatas de transformación cuando ésta no es producto de los valores propios de la sociedad a la que ordena. Es apremiante una campaña que mueva los cimientos de la sociedad post-patriarcal, y la haga cónsona con los valores que pregona; en tanto que se convierta en una sociedad de iguales tal y como reza la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Fuente:  http://www.aiven.org/group/equidaddegenero

Guatemala: La violencia sexual se empleó como estrategia de genocidio

Abril 2010

Pilar Crespo y Carmen Crespo

Rebelión. La violencia sexual sobre los cuerpos de las mujeres se ha utilizado como un arma de guerra, como un mecanismo para herir y mostrar dominio sobre el enemigo, afirman expertos. Son hechos que se llevan a cabo colectivamente y con una intención bien planificada y no el resultado del deseo sexual y el contexto de agresividad propio de un conflicto armado, como en ocasiones ha tratado de justificarse. En Guatemala la política contrainsurgente desarrollada por el Estado durante los años 80 incluyó además de torturas, masacres, desapariciones forzosas y el aniquilamiento de comunidades indígenas enteras: la práctica sistemática de violaciones sexuales a mujeres mayas. Unos actos de violencia específicos contra las mujeres que suelen quedar en un segundo plano en medio de tanta violencia y que, sin embargo, tienen consecuencias graves y perdurables no sólo en las personas que las sufren sino en las comunidades a las que éstas pertenecen. Tras años de silencio diferentes organizaciones han levantado la voz y han denunciado la situación de impunidad en que permanecen estos crímenes en el primer Tribunal de Conciencia contra la violencia sexual hacia las mujeres durante el conflicto armado en Guatemala.

“Realmente duele recordarlo […], es difícil dar una cantidad exacta de cuántos fueron los que nos violaron, en ese tiempo llegaban por bastantes, se podría decir miles los soldados que se iban rolando, llegaban y fue constante esa violación que cometieron contra nosotras […]. Ellos no sólo llegaban sino que instalaron un destacamento y a todas las que íbamos quedando viudas, porque mataban y ejecutaban a nuestros maridos no se sabe dónde, nos obligaban a ir a alimentarlos. Nos pusieron en grupos para hacer turnos, para hacer la comida y luego de cumplir con todo lo que nos imponían nos violaban una a una. Dejaron una enfermedad en todo mi cuerpo, como que es algo que siempre te marca […], me afecta ya no puedo decirles que puedo actuar como normal. Tengo mucho miedo, en mi corazón y en mi cabeza y siempre ando vigilante de que algo me puede pasar […]. Sólo yo estoy hablando en este momento pero somos muchas, somos la mayoría en Guatemala que sufrimos este tipo de violencia. Lo hicieron constantemente. Necesitamos que nos crean”

Tras muchos años de silencio, el pasado jueves varias mujeres indígenas hablaron, por primera vez en público, de los crímenes sexuales a los que fueron sometidas por parte del ejército de Guatemala durante el conflicto armado interno. Los testimonios, emitidos de manera anónima por motivos de seguridad y traducidos desde sus lenguas maternas, fueron presentados ante el Tribunal de Conciencia contra la violencia sexual hacia las mujeres durante el conflicto armado interno en Guatemala celebrado en la capital los días 4 y 5 de marzo; una audiencia simbólica donde, ante la situación de absoluta impunidad, diferentes organizaciones ejercieron una acción de escucha activa y de debate político para cuestionar qué “ha hecho y qué hace el Estado de Guatemala en relación con el tema de la violencia de género”. Los relatos presentados ante las magistradas, fiscales y testigos de conciencia, todas ellas reconocidas activistas a favor de los derechos de las mujeres, fueron corroborados por los peritajes de diferentes expertas y expertos, que desde todas las disciplinas dotaron de solidez y reconocimiento a lo denunciado por las víctimas.

Las mujeres fueron víctimas de todas las formas de violaciones a los Derechos Humanos cometidos por el ejército de Guatemala durante el conflicto armado interno (1960–1996) pero además sufrieron formas específicas de violencia de género que confluyeron en la violencia sexual. Entre las diferentes agresiones sufridas se pueden enumerar desnudez forzada; aborto forzado; violación sexual por una o varias personas; violación sexual con objetos; violación sexual previa, durante y después de masacres, como método de suplicio en interrogatorios, frente a familiares y vecinos; mutilación de órganos sexuales, embarazos forzosos, convivencia marital forzosa con soldados, comisionados militares o patrulleros de autodefensa civil (PAC); esclavitud sexual. Tal y como destacó una de las fiscales de conciencia, Juana Balmaseda, las mujeres fueron atacadas indiscriminadamente independientemente o no que tuvieran relación con las fuerzas armadas revolucionarias, “lo fueron por el hecho de ser mujeres”, establece la activista. Esta aserción fue corroborada por alguno de los datos antropológicos presentados por Erwin Melgar del Centro de Análisis Forenses y Ciencias Aplicadas (CAFCA): la mayor parte de la víctimas fallecidas en masacres eran niñas de cero a siete años y la violación sexual se admite como muy probable por la presencia de osamentas femeninas sin ropa en las fosas o cementerios clandestinos.

La violación, uno de los crímenes más desestructurantes tanto para la mujer como para su entorno social, fue una práctica masiva, sistemática, planificada dentro de la estrategia contrainsurgente del Estado y dirigida especialmente contra la población indígena en el ejercicio de la política de tierra arrasada durante los gobiernos de Romeo Lucas García (1978-1982) y Efraín Ríos Montt (1982- 1983). Según la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), 99% de las víctimas fueron mujeres y de ellas un 88.7% eran mayas. El informe de la CEH también señala que los principales autores materiales de esta violencia sexual fueron miembros del ejército (89%), miembros de las PAC (15.5%) y comisionados militares (11,7%) (2). La violación sexual se utilizó como método de tortura y de obtención de información en el ámbito urbano. Según expuso Fernando A. López en el Tribunal de Conciencia, en las ciudades esta forma de violencia se utilizó de manera selectiva contra las mujeres sospechosas de participar en grupos insurgentes. En el ámbito rural la práctica de violaciones sexuales fue mucho más indiscriminada, además de utilizarse como método de tortura y de obtención de información se empleó de manera general para destruir al pueblo maya.

El director del Centro de Estudios de Guatemala, Sandino Asturias, añade que el hecho de que ningún jefe, oficial o mando medio del ejército o de las fuerzas de seguridad del Estado haya sido procesado ni condenado por estas acciones a lo largo de tantos años refuerza la evidencia de que la mayor parte de tales violaciones fueron resultado de una política de orden institucional. Tal y como estableció este experto en su peritaje ante el Tribunal de Conciencia, “existía una jerarquía militar vertical y centralizada, con una cadena de mando, planes, controles, informes” donde todo estaba planificado y nada se podía salir de este control. Según Asturias, la violencia sexual fue utilizada durante el enfrentamiento armado en Guatemala como otra forma más para eliminar cualquier forma de oposición política o militar al régimen establecido.

La antropóloga Irma Alicia Velásquez denunció ante el Tribunal de Conciencia que la violencia sexual cometida contra las mujeres indígenas en Guatemala no puede reducirse solamente a las violaciones o penetraciones físicas sino que son delitos que van más allá, porque fueron actos masivos que no sólo marcaron sus cuerpos sino que alteraron profundamente los marcos y reglas culturales de sus colectividades, estableciendo un antes y un después no únicamente en la vida individual de las mujeres sino también de sus familias y comunidades.

La experta en intervención psicosocial Olga Alicia Paz Bailey explica que en los grupos donde la pureza de las mujeres y el control de su conducta sexual y capacidad reproductiva son constitutivas de la cultura, la violación sexual representa un ataque directo a los fundamentos culturales de la misma y al honor que las/los protege.

Velásquez no niega que no existieran violaciones sexuales en las comunidades antes de la etapa de la guerra y entiende que eran delitos asumidos y castigados de acuerdo a las normas propias de cada grupo pero alega que la violencia sexual masiva ejercida por el ejército durante el conflicto supuso un quiebre o rompimiento en las comunidades mayas. Dicho impacto se materializó, según la experta, en diferentes acciones o actitudes culturales como que muchas de las mujeres indígenas víctimas de este tipo de violencia perdieron el papel que ejercían dentro de la comunidad (por ejemplo comadronas, hierberas, hueseras…etc). “Se asumió que al ser violados sus cuerpos también fueron destruidos sus cargos y el respeto y la posición que tenían lo que provocó no sólo que las mujeres dejaran de proveer servicios clave a la comunidad sino que dejaran de aportar a la construcción de conocimientos para su colectividad”, incide Velásquez.

A partir de las violaciones y fruto de la vergüenza colectiva sufrida, las mujeres víctimas fueron colocadas en los estratos sociales más bajos y estigmatizadas como “mujeres cualquiera o prostitutas que se entregaron a los responsables de arrasar sus comunidades y asesinar a los hombres que eran sus padres, esposos, hermanos e hijos”. Velásquez explica que ante el desprecio y falta de solidaridad de sus comunidades, “las mujeres viven sentimientos de querer partir e iniciar relaciones sociales lejos, de cortar toda implicación con las luchas colectivas o de renunciar a su identidad”. Y señala que evidentemente esa apatía de las mujeres mayas en los asuntos de la colectividad y la modificación en su sentimiento de identidad impactará en el futuro de las comunidades del país.

Otra de las consecuencias de esta violencia fue toda una generación de hijos e hijas fruto de las violaciones que son “culturalmente sancionados porque recuerdan la violación al grupo” y que como explica la antropóloga en muchas ocasiones se marchan de la comunidad porque nunca fueron aceptados o porque nunca se sintieron parte de ella.

Estas y otras consecuencias de la violencia sexual han supuesto una mayor vulnerabilidad de las comunidades indígenas, lo que según Velásquez “evidencia lo bien planificado y macabro de estas violaciones desde los más altos mandos del ejército que conocían el funcionamiento y la operatividad de estos colectivos sociales”.

Paz Bailey señala que es precisamente porque la violencia sexual atenta contra los fundamentos de la identidad cultural que ha sido utilizado, en diferentes conflictos y en particular en Guatemala, como estrategia de genocidio. Un crimen que según la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948 y ratificada por el Estado de Guatemala un año más tarde, se define como aquellos actos “perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal”.

Jorge De la Peña también concluyó ante el Tribunal de Conciencia que el sometimiento, la violación, humillación y degradación de la mujer no sólo es un ataque contra ella y su cuerpo sino contra su Estado, cultura, religión, grupo étnico y contra los miembros de la comunidad a la que pertenece”.

Terribles consecuencias

Los expertos denuncian que las secuelas de la violación sexual no sólo abarcan todas las esferas del ser humano -física, psicológica y cultural-, sino que además éstas son de carácter profundo y perdurable.

Entre los daños físicos más inmediato y comunes pueden señalarse embarazo, mutilaciones, daño permanente al aparato reproductivo, e infecciones de transmisión sexual, especialmente del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). Pero hay también que señalar la existencia de una relación epidemiológicamente significativa entre el trauma sufrido y el desarrollo de una afección crónica. De la Peña declaraba que “en la práctica clínica hemos visto que las mujeres que han sufrido este tipo de violencia les da cáncer”. Este aspecto es al que las mujeres se refieren en sus testimonios como “enfermarse o morirse de susto”.

Las comadronas definen el “susto” como “una profunda pena que las pone amarillas, les quita las ganas de trabajar, fuerza, les da dolor de cabeza, no tienen hambre y se sobresaltan por todo”. Paz Bailey explica que el “susto” es una constante en el relato de las sobrevivientes y que afecta a todas las áreas de la mujer porque conlleva un cambio en cómo se sitúa en el mundo y como se perciben en el futuro. “En el caso de las mujeres mayas todos sus proyectos de vida quedan alterados porque nunca más podrán corresponder al papel del madre o esposas alrededor del cual se habían construido”, continúa la experta.

A nivel psicológico quedan sentimientos de suciedad, culpa, vergüenza, soledad y depresión, intensificados además por el rechazo de la comunidad. Lo que en muchas ocasiones potencia el desarrollo de trastornos psiquiátricos. Para que las mujeres enfrenten los efectos de este tipo de violencia todos los terapeutas coinciden en lo mismo, la importancia de expresar lo ocurrido y la necesidad de justicia. Los testimonios de las mujeres víctimas presentados ante el Tribunal de Conciencia coincidieron todos en esos dos aspectos: el agradecimiento por la escucha pública y la exigencia de que el Estado responda por lo ocurrido.

Impunidad absoluta

El Estado guatemalteco no sólo ha sido señalado como violador del derecho jurídico internacional sino que, además, ha tenido una nula respuesta institucional a la necesidad de reconocimiento y resarcimiento de las mujeres víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado.

De acuerdo con el peritaje de López Antillón, en Guatemala los casos de violación sexual que se cometieron en el marco del conflicto armado fueron parte de un plan militar, se realizaron a gran escala, de manera sistemática y generalizada y estaban dirigidos contra población civil indefensa, esencialmente maya. El jurista señala que estas características hacen que estas violaciones no puedan interpretarse como hechos aislados o crímenes de orden común sino “como parte de aquellos delitos que ofenden la conciencia de la humanidad y que son parte del derecho penal internacional”. Es decir, entran dentro de la categoría de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra y genocidio, un tipo de crímenes que se acogen a las normas ius congens, que como explica De la Peña, significa que estos actos están prohibidos en todos los tiempos y en todas las situaciones y que por lo tanto no prescriben nunca.

El pronunciamiento final del Tribunal de Conciencia concluyó que “las responsabilidades de gran parte de estas violaciones alcanzan en la línea de mano militar y de la responsabilidad política y administrativa, a los más altos grados del ejército, policía nacional y de los sucesivos Gobiernos.” Y, sin embargo, aun no se ha registrado una sola sentencia por violación sexual durante el conflicto armado. Balmaseda incide en que a pesar de los informes de la CEH, donde se evidencian y documentan los casos, y diversas denuncias presentadas ante los tribunales de justicia por parte de personas individuales y organizaciones de mujeres e incluso por parte del Programa Nacional de Resarcimiento, el sistema de justicia legal sigue sin operar eficientemente.

Desde la Secretaria Presidencial de la Mujer del Gobierno de Álvaro Colom (SEPREM), Sonia Escobedo reconoce la importantísima labor que han hecho las organizaciones de mujeres de poner en la agenda pública el tema; afirma que este organismo comparte en su totalidad la declaración emitida por el Tribunal de Conciencia, aunque señala como importante debilidad el que no se haya contado con mayor participación institucional (la SEPREM se encontraba presente en calidad de invitada especial), y resalta el gran compromiso del actual gobierno. Cuestionada acerca de la ausencia de sentencias condenatorias y elementos específicos de reparación para las mujeres víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado, Escobedo afirma que la SEPREM no es ejecutora de programas sino que tan sólo asesora a las diferentes instituciones del Estado y que el reconocimiento de estos delitos como crímenes de lesa humanidad es muy difícil porque toca el imaginario social que se refleja a su vez en las instituciones. “Por eso yo soy prudente y nunca digo que vamos a conseguir un cambio completo pero sí reconozco que se han hecho avances”, señalo la secretaria.

 

El Estado agresor

Esos avances no son, sin embargo, nada evidentes. La impunidad persiste en las violaciones actuales, del año 2005 al 2008 se presentaron 7,901 casos de violación sexual de los cuales solo 213 recibieron una sentencia condenatoria lo que representa un total 2.69% (3) y el cuerpo de las mujeres sigue siendo territorio de batalla. En los medios de comunicación aparecen continuamente informaciones sobre asesinatos de mujeres que aparecen con terribles señales de violencia: torturadas y violadas. Con frecuencia se mutila el cuerpo de manera que los resultados puedan ser “espectacularizados”. Estos asesinatos se dan en torno a la actividad de maras, redes de narcotraficantes o negocios ilícitos y se constituyen en una “violencia expresiva” que pretende mandar un mensaje al grupo contario (Inforpress 1827).

El Estado es responsable no sólo porque la impunidad generalizada -de antes y ahora- lanza un mensaje de tolerancia que reproduce y perpetúa el sistema de violencia contra las mujeres sino que, además, el mismo se sigue constituyendo como agente agresor activo. Tal y como pudo escucharse en diferentes testimonios presentados ante el Tribunal de Conciencia, las fuerzas de seguridad del Estado continúan en la actualidad ejerciendo violencia sexual contra mujeres indígenas en el marco de desalojos forzosos y otros conflictos con las comunidades. “Policías, militares y empleados de la minera violaron a algunas mujeres”; “en el primer desalojo yo me encontraba cocinando y vi que tiraron mi comida y los policías me violaron, mis hijos estaban conmigo y al darse cuenta de lo que estaba pasando salieron corriendo”; “me taparon la boca, me violaron, yo tenía 7 meses de embarazo y eran 12 policías”…. son relatos actuales para los que la respuesta institucional sigue siendo la misma: impunidad.

La agresión sexual también está siendo utilizada para atacar al movimiento sindical tal y como se extrae del documento Guatemala: el costo de la libertad sindical. Dicho informe alerta que además del asesinato de líderes sindicales (49 asesinatos desde el año 2005 hasta enero 2010), una de las prácticas más preocupantes y que se utiliza como forma de amenaza a las trabajadoras que pretenden sumarse a alguna organización sindical es la agresión sexual. Uno de los casos recientes es el de María Vásquez, secretaria general adjunta de la empresa Winners que el pasado 6 de enero fue secuestrada, torturada y violada en el marco de una serie de reclamos que mantenía contra la empresa por incumplimiento de leyes laborales y condiciones mínimas de trabajo en una empresa donde trabajan más de 900 mujeres (Inforpress 1834).

De la Peña señala que la violación suele ser usada como método de castigo especialmente cuando las mujeres son políticamente activas y como método de agresión o tortura para ahuyentar a las poblaciones de sus tierras ricas de petróleo o minerales. En su pronunciamiento final, el Tribunal de Conciencia concluyó que “las violaciones cometidas en la actualidad por miembros de fuerzas de seguridad combinadas por fuerzas policiales y militares en los procedimientos de desalojos de tierras ocupadas constituyen claramente delito de tortura contenido en el artículo 201 bis del código penal guatemalteco”.

Además de impunes este tipo de crímenes parecen ser invisibles. Ejemplo de esa invisibilización ha sido el mismo tratamiento informativo que ha tenido el Tribunal de Conciencia en los principales medios de comunicación del país con una cobertura mediática escasa y carente de elementos de reflexión. La hermana de una mujer víctima de violencia sexual y desaparición forzada expresaba ante el Tribunal de Conciencia que “sólo nosotras abrimos la boca para romper la impunidad de este país, sólo con la justicia vamos a acabar con la impunidad y sólo acabando con la impunidad vamos a tener paz”.

Algo con lo que coincide Sandino Asturias quien afirma que “para permitir la construcción de una nueva nación con un Estado de Derecho, justicia, sin impunidad, violencia, ni racismo es necesario condenar al Estado de Guatemala y al ejército por la responsabilidad de los hechos cometidos.

 

Fuente:  http://generoconclase.blogspot.com/2010/04/guatemala-la-violencia-sexual-se-empleo.html