Por Alesia Martínez

Timotea, cuentan los mayores, murió de susto. Aquel marzo de 1982 el Ejército había llegado a su casa, situada en un remota aldea del departamento de Baja Verapaz, en Guatemala. Colgada de una viga, los militares la torturaron y abusaron de ella, con la intención de sonsacarle dónde se había escondido su marido. Don Cruz todavía conserva nítido el recuerdo de aquel día en plena guerra, cuando su esposa le explicó en achí que le había sucedido algo terrible mientras él estaba fuera. Aunque la dejaron libre, el trauma por lo ocurrido y el miedo a que los hechos se repitieran, terminaron con su vida en 15 días. Se trata de una de las más de 250.000 personas fallecidas que dejó como saldo el conflicto armado interno en Guatemala y una de las más de 5000 mujeres que fueron víctimas de la violencia de género durante la guerra.

El fuerte machismo presente en la sociedad guatemalteca fue un elemento central de la represión durante ese periodo, llegando a límites extremos entre 1979 y 1983, época en la que en este país se cometieron el mayor número de violaciones de derechos humanos. La violación sexual, como método de tortura dirigido específicamente hacia la mujer, fue utilizado en contextos de detenciones para la consecución de información, así como previamente a las masacres y a las operaciones de tierra arrasada.

Rabinal, lugar donde queda ubicada la aldea Canchún, fue una de las regiones más golpeadas, existiendo diferencias de perfil entre el ámbito urbano, donde las violaciones se perpetraron más selectivamente, y el rural, donde éstas adquirieron un carácter rutinario y masivo en contra de la comunidad indígena maya. Algunas de las víctimas sobrevivieron, en cambio otras voces, como la de Timotea, callaron para siempre. Testigo mudo de un pasado todavía presente, hasta hace pocos días sus restos todavía reposaban bajo un árbol de flor de Izote plantado 28 años atrás como señal.

“¿Porqué quiere usted que se realice esta exhumación?” Tras un segundo de reflexión Don Cruz responde pausadamente: “Porque aunque yo rehice mi vida y me volví a casar, quisiera que ella fuera enterrada dignamente, morir sabiendo que su cuerpo por fin estará junto con el de sus familiares”. Horas más tarde la excavación dejaba a la vista el esqueleto polvoriento y silencioso de una mujer. Uno a uno, sus huesos fueron identificados, contados y trasladados a bolsas especiales, preparados para ser transportados a los laboratorios que la Fundación de Antropología Forense tiene en la capital, donde serán sometidos a las pruebas de ADN.

Es éste el previo paso al cierre de un proceso particular de duelo enmarcado dentro de una necesidad general en Guatemala que demanda lograr la reconciliación nacional a través la recuperación de la memoria histórica y la dignificación de las víctimas del conflicto armado interno en este país.

Justicia versus Impunidad

La violencia sexual, especialmente en tiempos de guerra, es un mecanismo de control y de dominio, una manifestación de poder y de agresión que busca humillar, degradar y someter a las víctimas. A día de hoy, no se cuestiona la veracidad de estos hechos ni la atribución de su autoría. Sin embargo, 14 años después de que se firmaran los Acuerdos de Paz en Guatemala, ninguno de estos delitos ha sido todavía procesado ni condenado penalmente, pese a que el Derecho Internacional establece que por mucho tiempo que haya pasado desde que fueran acometidos, los crímenes de lesa humanidad no prescriben.

“La total impunidad existente es una prueba más que demuestra el grado de implicación que tuvo el Estado guatemalteco en estos hechos, reforzando la idea de que la mayor parte de las violaciones no fueron perpetradas por casualidad, si no que formaron parte de una política institucional de terror premeditada”, afirma una de las fiscales de este Tribunal de Conciencia, la abogada Juana Balmaceda Ripero.

Gran parte de estas mujeres, y de sus familiares, siguen con vida y, a través de las organizaciones de derechos humanos, han empezado a exigir justicia. El resarcimiento económico y moral por lo sucedido, afirman, es imprescindible en el proceso de dignificación de las víctimas. Solo así podrá haber una verdadera reconciliación nacional. Pasado, presente y futuro forman parte de un continuo donde el actual clima de impunidad contribuye a perpetuar la violencia contra la mujer, violencia que sigue siendo patente en la perpetuación de las mismas dinámicas hoy en día, especialmente durante los desalojos de tierras en las comunidades campesinas. Ello ocurre en el seno de una sociedad tradicionalmente patriarcal donde las relaciones de género han estado – y lo siguen estando – profundamente desequilibradas.

Según el informe “Femicidio y Violencia contra la Mujer”, publicado recientemente por la Procuradoría de Derechos Humanos (PDH), “se puede afirmar que el Estado de Guatemala tiene una génesis estructural misógina que no permite avanzar y afrontar el femicidio bajo las obligaciones adquiridas en la Constitución Política, los compromisos asumidos en las Convenciones y Tratados en materia de derechos humanos de las mujeres”.

A nivel internacional Guatemala es el estado sin guerra considerado como más violento. Un promedio de dos féminas mueren asesinadas diariamente y se estima que unas 600 son violadas cada año. Entre 2004 y 2009 se interpusieron casi 8000 denuncias por agresión sexual y murieron de forma violenta unas 4000 mujeres, hechos que en un 98% de los casos continúan libres de toda pena.

Lejos de disminuir, las cifras dibujan una espiral ascendente de violencia, habiendo sido el pasado año el más sangriento de la última década. Sucede en 2010, cuando las autoridades guatemaltecas celebran el décimo aniversario de la resolución 1325 de Naciones Unidas sobre mujer, paz y seguridad y se ha declarado en el país “el año contra la impunidad”. Escudado tras una máscara de olvido y silencio, el Gobierno sigue eludiedo sus responsabilidades y opta por darle la espalda a la Historia, intentando no ver las conexiones presentes ni recordar la cara oscura de su propio pasado.

http://laloncheria.com/2010/04/05/guatemala/

Violencia contra la mujer

La violencia contra la mujer es el crimen encubierto más numeroso del mundo

Todos los días y en todas partes las mujeres son asesinadas en crímenes ligados a la sexualidad y por el solo hecho de ser mujeres. En los últimos años los movimientos de mujeres de distintos países vienen denunciando los feminicidios, un concepto que pretende dar cuenta de su especificidad, del hecho de ser crímenes sexistas. "Al igual que el concepto de violencia hacia las mujeres, se trata de un concepto acuñado como resultado de nuevos enfoques, de una nueva comprensión de prácticas que no resultan nuevas. Mientras que el concepto de violencia sexista tiene ya varias décadas, el de feminicidio es más reciente: cuestiona los argumentos que tienden a disculpar y a representar a los agresores como 'locos' o a concebir estas muertes como 'crímenes pasionales', o bien, a atenuar su importancia en el caso de situaciones de conflicto o guerra, como si estos contextos justificasen por sí solos la transgresión a las más elementales normas sociales." (Silvia Chejter, "Femicidios e impunidad", 2005)

La violencia contra las mujeres está reconocida como una violación de los derechos humanos en muchos acuerdos y tratados internacionales, regionales, y compromisos nacionales, que deberían servir como herramientas y garantías reales para trabajar hacia la prevención de estos crímenes. Como ejemplo basta señalar la Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW en inglés) y el Protocolo Opcional, 1979/1999, que llama a los Estados a llevar una "política de eliminación de la violencia contra las mujeres" y habilita a las mujeres a nivel nacional a reclamar y hacer que sus reclamos se tengan en cuenta; la Declaración de Naciones Unidas (ONU) sobre la Eliminación de la Violencia contra las mujeres, 1993; el capítulo dedicado a la violencia contra las mujeres en la Plataforma de la Conferencia Mundial de la ONU sobre la Mujer, Beijing 1995; el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (ICC), 1998, incluye a la violencia sexual -la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada y los embarazos forzados- en la definición de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra; en la revisión de Beijing (Beijing +5) se llama a la criminalización de la violencia contra las mujeres y a contar con medidas para terminar con la violencia contra las mujeres por motivos de raza y se incluyeron por primera vez los crímenes de honor; la Declaración del Milenio de Naciones Unidas, 2000 plantea "combatir todas formas de violencia contra la mujer", así como el apoyo de algunas de las convenciones mencionadas anteriormente.

Sin embargo, a varios años de firmados esos acuerdos, crímenes como los exterminios masivos de mujeres, las violaciones, abusos y acosos sexuales, la violencia doméstica, la trata de mujeres y niñas, la prostitución forzada, la esclavitud sexual, la violencia en situaciones de conflicto armado, el embarazo forzado, el infanticidio femenino y la selección prenatal del sexo del feto a favor de bebés varones, los asesinatos por cuestiones de honor, la violencia por causas de dote, la mutilación genital femenina y otras prácticas y abusos, siguen siendo practicados con impunidad.

Analizando los avances logrados en la legislación internacional y por las campañas y activismo de las organizaciones de mujeres, éstos han conseguido dar visibilidad a la desigualdad existente entre los géneros y las estructuras de opresión que la perpetúan. Se ha logrado el reconocimiento oficial de la violencia sufrida por las mujeres considerándola una violación de sus derechos humanos junto con el compromiso de los gobiernos de condenarla. Pero, la implementación de estos compromisos queda en manos de la voluntad de los Estados. Ahí es donde muchas veces saltan a la vista las limitaciones de estos logros internacionales, que chocan con la falta de voluntad política para prevenir, investigar y sancionar estos crímenes.

Hay algunos casos paradigmáticos: desde 1993 hasta enero de 2006, más de 430 mujeres han sido asesinadas y más de 600 están desaparecidas (presumiblemente asesinadas también) en Ciudad Juárez, México, en un escenario donde se concentran la industrialización fronteriza de las maquilas, la marginación, inmigración, machismo exacerbado, narcotráfico, prostitución, impunidad y corrupción política y policial. En Guatemala, al igual que en Ciudad Juárez, cerca de dos mil mujeres fueron asesinadas entre 2001 y 2005. Las mayores víctimas tienen entre 12 y 25 años y viven en las regiones más pobres del país. Los métodos varían desde la utilización de armas de fuego, e incluyen torturas, violación y posterior asesinato. Junto al incremento de estos crímenes existe también un aumento de amenazas y hostigamiento hacia las distintas organizaciones que asumen la denuncia pública de las masacres.

A estos alarmantes hechos recientes hay que sumar los feminicidios en las guerras, en muchas ocasiones asociados a violaciones masivas, como los ocurridos en la ex Yugoslavia, Rwanda, República Democrática del Congo, por citar sólo algunas situaciones de las últimas décadas. Actualmente estos crímenes aparecen sancionados severamente en el Estatuto de la Corte Penal Internacional.

La violencia contra la mujer, tal como se manifiesta en estos casos, no sólo constituye una forma de discriminación sino que comporta violaciones al derecho a la vida, a la integridad física, libertad, seguridad y protección judicial consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, entre otras. Estas normas internacionales reafirman la obligación del Estado de esclarecer la verdad, hacer justicia y proporcionar reparación a las víctimas, aun cuando sus derechos han sido violados por particulares.

”El tema de la violencia contra las mujeres sigue marcado por dos aspectos importantes: el tema de la impunidad y el de la implementación de los mecanismos, que en última instancia deberían ser parte de una nueva visión que incorpore, junto al marco de los derechos humanos, las conexiones con los temas y las organizaciones que trabajan por la paz, la justicia económica y la seguridad”.

“El estatus de las mujeres de todas las regiones y las diversas violaciones a sus derechos humanos que antes estaban ocultas y silenciadas han salido a la luz, ligando los movimientos locales a un movimiento de mujeres global que sigue creciendo. Es momento de cerrar el ciclo de la victimización para abrir el del empoderamiento y permitir que las mujeres se sientan sujetas de derechos capaces de enfrentar un sistema de justicia altamente sexista, racista, clasista y homófobo. ("Humanidades, derechos y violencia de género", Ana Elena Obando)

Si bien bajo la palabra feminicidios se pueden reunir las diferentes formas y situaciones donde las mujeres son asesinadas por el hecho de ser mujeres, en este informe realizamos cierta categorización con el objetivo de facilitar la organización del mismo.


Fuente:  http://www.choike.org/nuevo/informes/3842.html